Política

viernes, 07 de julio de 2006

Tras una extenuante sesión, el Senado se disponía a aprobar al cierre de esta edición la regulación de los decretos de necesidad y urgencia. El proyecto impulsado por la mayoría oficialista recibió un enérgico rechazo de la oposición, que no consiguió mechar los cambios que propuso.

La norma establece que los decretos deben ser revisados en primera instancia por una Comisión Bicameral de ocho diputados y ocho senadores, antes de pasar al debate en ambas cámaras, que no tienen plazo para expedirse. Y mientras eso no suceda, los DNU mantienen validez. Los bloques opositores reclamaron que se fije un plazo de 60 días para que el Congreso se pronuncie, pero el oficialismo no accedió. El debate giró en torno a la constitucionalidad o no de la “sanción ficta” de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en temas que son de responsabilidad parlamentaria, es decir de su legitimación por el silencio de los legisladores. La ley podría ser sancionada en Diputados dentro de quince días, previo análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se comenzará a debatir el martes próximo.

La senadora Cristina Kirchner, autora del polémico proyecto, se encargó de defenderlo con un discurso de más de dos horas de duración. Recordó que la reglamentación de los DNU era una deuda con la reforma constitucional de 1994, que los incorporó por primera vez como un acto “excepcional”.

“Antes se necesitaban los dos tercios de los votos para derogar un decreto por ley, y con este proyecto se va a necesitar mayoría simple”, alegó la primera dama. Así justificó lo que consideró “un importante avance” en las atribuciones del Congreso para controlar esa herramienta presidencial.

Desde la vereda de enfrente, el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, opinó que “se armó un combo entre esta ley y la de superpoderes para fulminar al sistema republicano de división de poderes”.

Coincidió con sus colegas del socialismo, Rubén Giustiniani y de fuerzas provinciales en sembrar sospechas sobre la voluntad del oficialismo de reunir a las cámaras legislativas -que controla- para revisar los DNU.

Otro radical, el jujeño Gerardo Morales probó con una consigna: “Quieren instalar la decretocracia”. Los senadores no habían terminado de recuperarse de las cinco horas de debate que les demandó la sesión del miércoles, cuando el informe de gestión del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, derivó en una ardua polémica sobre el pedido de superpoderes formulado por el funcionario.

En la defensa del proyecto oficialista, además de los kirchneristas puros, se destacó la actitud de una aliada, Vilma Ibarra. La hermana del ex jefe de Gobierno porteño renunció expresamente a pedir los cambios que había solicitado por escrito en el dictamen de comisión. “El Congreso está en el peor de los mundos no por los abusos sino por nuestra propia inacción”, argumentó. El oficialista Guillermo Jenefes defendió el proyecto afirmando que “no constituye ningún exceso”. En cambio, el puntano Adolfo Rodríguez Sáa consideró a la iniciativa “innecesaria y peligrosa1, porque el Congreso no le escatimó nunca una ley a este Presidente”. CC

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